La crisis del coronavirus llevó al Gobierno de España a aprobar gran cantidad de ayudas necesarias por la alerta sanitaria. Ahora algunas de esas ayudas se han prolongado hasta el mes de septiembre. Te contamos cuáles son.
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1. Estas son las ayudas que se han prorrogado hasta septiembre
El Consejo de Ministros ha decidido ampliar hasta septiembre las medidas de protección social aprobadas a causa de la crisis provocada por el COVID-19.
Concretamente se ha acordado prolongar los plazos para acogerse a la moratoria del alquiler y la moratoria hipotecaria, así como a las ayudas para el pago de los recibos del agua, gas y luz, hasta el día en que termine la última prórroga de los ERTE.
Las personas que no puedan pagar su hipoteca y cumplan los requisitos establecidos, podrán pedir la moratoria en su pago hasta el 29 de septiembre, ampliando el plazo inicial en más de dos meses (vencía el día 21 de julio). Por el momento se han recibido aproximadamente 200.000 solicitudes.
Estará en vigor también hasta el 29 de septiembre la moratoria de pagos de los créditos al consumo, medida que ha sido solicitada por un total de más de 360.000 familias.
Se prolonga hasta finales de septiembre también el plazo para solicitar la prórroga de seis meses de los contratos de alquiler que venzan, y la moratoria en el pago del alquiler si los propietarios de la vivienda son grandes arrendadores o fondos de inversión.
Por otra parte los desahucios de viviendas quedan paralizados hasta el 2 de octubre, y se amplía hasta el 30 de septiembre el plazo de solicitud de ayudas para pagar recibos básicos, como la luz. Estas ayudas son el bono social que supone un 40% de descuento del consumo eléctrico, y las correspondientes al abono del agua y el gas.
2. Otras medidas sociales anunciadas por el Gobierno
El Ejecutivo ha anunciado también su intención de aportar suelo público a través de una fórmula de colaboración con empresas privadas mediante concesiones que pueden durar hasta 75 años, según la necesidad y la ubicación. El canon variará en función del tipo de alquiler, pero puede llegar a ser cero según la ubicación, la clase de vivienda de la que se trate, y los precios del alquiler.
La intención del Gobierno es reactivar la economía, para lo que según apuntan, no solo se construirán viviendas sino que se tramitarán los alquileres.
A través de esta medida, se pretende llevar al mercado al menos 20.000 viviendas con un alquiler social asequible en el año 2030.
Este plan afecta al suelo propiedad de la Administración central y al de comunidades y ayuntamientos, los cuales podrán fijar los precios y condiciones de los acuerdos con los promotores privados. También podrán utilizar el remanente que no haya ejecutado el Plan Estatal de Vivienda para nuevos proyectos de acceso a la vivienda.